El Gobierno se juega el decreto arancelario con el fusible en manos de Podemos

A estas horas y a la espera de cómo vayan transcurriendo los días en la impredecible política española, Sánchez ya sabe que se va a topar con el cuestionamiento de la izquierda a la estrategia de rearme que él reniega de calificar como tal, con Podemos esgrimiendo desde hace semanas una beligerancia de elevados decibelios por la que tilda al presidente de «señor de la guerra». Más incógnitas despierta el discurrir que vaya a tener la comparecencia del líder socialista en lo que se refiere a las aún opacas circunstancias del colapso eléctrico del pasado lunes, con sus aliados de legislatura de perfil ante un desafío potencialmente impopular. Como ya adelantó este periódico, el Gobierno no prevé que Sánchez explicite en el pleno del miércoles las causas del apagón.

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha exhibido ya su abierta desconfianza hacia lo hecho por el Gobierno, antes del desplome del suministro, para asegurar la fiabilidad de la ley; durante, por la tardanza, censuran, de Sánchez en dirigirse a una ciudadanía aturdida e incomunicada; y, después, por la gestión poco o nada transparente y en 'modo aspersor' de responsabilidades hacia las eléctricas que la oposición atribuye al presidente. Los populares aprovecharán la sesión para cuestionar una política de transición energética maniatada -interpretan- por una tendeciosidad «ideológica» contraria, por ejemplo, a extender la vida útil de las centrales nucleares.

En ello incidió ayer la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, quien ratificó que su partido denunciará ante el Parlamento Europeo «la vergüenza» que ha supuesto el apagón. En la otra orilla, la portavoz de la ejecutiva del PSOE, Esther Peña, incidió en la estrategia que vienen desplegando los suyos: lo relevante es cómo se solventó la crisis, frente a un PP que «deseaba el caos».

Frente al esperable choque entre socialistas y populares, la duda radica en cómo modularán los socios sus posiciones, con Sumar exigiendo desde dentro del Gobierno que el 100% de la red pública sea pública, con Podemos reclamando la intervención del Estado en las energéticas y con los nacionalistas catalanes y vascos reivindicando más soberanía también en este terreno. Pero ni el plan de seguridad y defensa ni el apagón se someten a votación alguna. El fusible de la semana para el Gobierno está en la convalidación el jueves del real decreto-ley 'de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y relanzamiento comercial', por el que se pretenden activar 14.100 millones y otros 5.000 en avales para el blindaje de las empresas afectadas. Y quien tiene ese fusible en su mano, tras el 'no' del PP -entre otras cosas, por el veto a las nucleares-, es Podemos.

«Está bastante abierto ahora mismo», constatan a este periódico fuentes de los morados, que no descartan apurar la decisión hasta el mismo jueves y no explicitan aún si la principal exigencia trasladada en la ronda de contactos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo -que el plan vaya tan allá como para expropiar los fondos estadounidenses con intereses en sectores españoles como la vivienda-, va a constituir una línea roja infranqueable. En La Moncloa, donde rebaten al PP que sí se han aceptado «sugerencias» suyas, confirman que seguirán negociando «con todos los grupos». Y aunque la moratoria de 90 días de Trump ha restado dramatismo al escenario, las fuentes consultadas insisten en que «aquellos partidos que voten en contra tendrán que explicar por qué».