¿Qué supone para Asturias la nueva Ley de la Dependencia?

Y ahora, cuando cumple su mayoría de edad, el Gobierno central plantea una reforma integral de una ley nacida hace 18 años sin aclarar, otra vez más, su respaldo financiero. Un déficit que, los más críticos, dicen que seguirá marcando la evolución de este anteproyecto que llevó el 11 de febrero al Consejo de Ministros el titular de la cartera de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Pablo Bustinduy.

No solo ha puesto el dedo en ese déficit el Observatorio de la Dependencia, sino también el presidente de Cocemfe en España. Anxo Queiruga mostró su apoyo «a los avances recogidos en el anteproyecto», sin olvidar que «en lo referido a autonomía personal detectamos falta de concreción en cómo se van a materializar los derechos reconocidos o ampliados», además de su preocupación por «los mecanismos que garantizarán recursos suficientes para su despliegue en todos los territorios del país». Una preocupación que también tienen las comunidades autónomas.

En Asturias, la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez lo deja claro: «Es necesarios que las mejoras vayan dotadas de presupuesto».

Ella también responde a la pregunta ¿Qué supone este cambio legal para los 34.855 asturianos que, al empezar el mes de marzo, ya sabían que tienen derecho a una ayuda por su falta de autonomía personal? La respuesta es tajante: muy pocas.

Como resume Paula Álvarez, el anteproyecto «más bien implica una reafirmación de los cambios y de los pasos que ya venimos dando desde el Principado». Es decir, la futura norma absorbe no solo medidas ya en vigor en la región, sino también la filosofía que ha aplicado la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para cambiar el modelo de cuidados de larga duración.

Clona la ley, dice la directora de Gestión de Derechos Sociales, «todo el planteamiento en relación al nuevo modelo de cuidados, que en Asturias se traduce en la estrategia CuidAs, que ya está suficientemente extendida», en referencia a la creación de unidades de convivencia de pequeño tamaño en contra de macro geriátricos.

Y, clona también, propuestas que ya están en vigor en la región. «Como una mayor flexibilización de los servicios y prestaciones que se conceden a las personas en situación de dependencia».

Ejemplos prácticos: «Otro de los ejes que vertebra esta reforma de la ley es el que incide en superar la revisión que se había realizado en 2012 para endurecer las condiciones de acceso a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar o la reducción de la intensidad de la ayuda a domicilio», apunta Paula Álvarez que, a renglón seguido, sentencia: «En Asturias, en ambos casos está superado»

Lo dice porque, aunque las comunidades autónomas pudieron suspender «durante dos años el abono de la prestación del cuidados en el entorno familiar», la decisión del Principado fue «reconocerla como el resto de prestaciones económicas, a los seis meses de presentación de la solicitud. Es decir, que si había un retraso en el reconocimiento de la prestación económica al cuidador familiar se abonaban los atrasos con carácter retroactivo los atrasos como con el resto». En Asturias son 13.130 las personas, en su mayoría mujeres de más de 50 años, las asalariadas para cuidar de un pariente, en su mayoría marido o hijo, con dependencia.

Sobre la intensidad de ayuda a domicilio, que ya reciben 7.966 asturianos, «desde el verano de 2023 adaptamos nuestra normativa para incrementar la intensidad». En Asturias se ofrecen entre 20,2 y 70 horas mensuales de ayuda a domicilio. La media nacional oscila entre las 18,4 y las 61,7.

También en Asturias es ya universal y gratuita la teleasistencia que ahora quiere multiplicar la ley. Tampoco es nuevo para el Principado lo de compatibilizar derechos: «La compatibilidad entre acudir a un centro de día público y recibir ayuda a domicilio ya existe en Asturias». Como la de abrir al exterior el servicio de ayuda a domicilio «ya ofrecemos que pueda facilitar la vida en el entorno comunitario».