El Gobierno central avisó al Principado de que en Cerredo había «indicios de extracción ilegal»

«Toda jornada laboral debe acabar como empezó, regresando a casa sanos y salvos, y todas las administraciones debemos trabajar para esclarecer los hechos», estableció Aagesen. Acto seguido sostuvo que por su parte se trabajó «con agilidad. Cuando nos trasladaron al Instituto para la Transición Justa, el 12 de marzo, que había indicios de que algo se podía desarrollar, de que había una extracción ilegal, lo pusimos de inmediato en conocimiento de la Autoridad Minera».

Según recordó luego, la Ley de Minas transfirió a las comunidades autónomas las competencias «para las gestiones administrativas, la seguridad de la actividad minera, las labores de inspección e imposición de sanciones», constituyéndolas así en la autoridad minera de cada territorio.

La ministra apuntó así directamente al Principado, recordando que su departamento dio traslado de una denuncia 19 días antes de la explosión. Se trata de un escrito de 18 folios cursado por la empresa Promining, vinculada a Victorino Alonso y enfrentada al grupo familiar propietario de Blue Solving, que lidera Jesús Manuel Rodríguez Morán. El documento entró por registro en el Instituto de Transición Justa (ITJ) a las 19.08 horas y siete minutos después en la Dirección General de Energía del Principado. El remitente sostenía que las minas de Cerredo y Villares de Arriba (en manos también de la familia Rodríguez) estaban afectadas por el Plan de Cierre dictado por la UE, y que extraer carbón de ellas exponía a tener que devolver aquellas ayudas. Según el escrito, ahora se estaría realizando una «actividad extractiva encubierta» amparada por un permiso de investigación cuyo sentido combatía.

En efecto, Blue Solving tenía un permiso de investigación complementario para extraer 60.000 toneladas del primer piso, cantidad que debía someter a una prueba industrial para calibrar su resultado. El permiso sin embargo estaba inactivo, toda vez que no había presentado el preceptivo permiso de labores. Lo único que podía hacer en el tercer piso, donde tuvo lugar el accidente, era retirar cuadros y chatarra. Pese a ello, se han encontrado evidencias de que ahí se estaba extrayendo carbón. Los supervivientes relataron a EL COMERCIO que llevaban entre dos y tres meses sacando «entre 44 y 50 vagones», lo que sugiere cantidades extraídas de entre 2.370 y 4.050 toneladas.

¿Qué hizo el Principado con esa denuncia? Darle trasladado a Blue Solving. Según explicó en su momento la consejera Belarmina Díaz, la empresa al cargo de Cerredo estaba en plazo de alegaciones para responder al escrito. Era «el procedimiento habitual», se llegó a decir. Las cosas cambiaron después del accidente. Otra denuncia sobre una mina en la que también hay un proyecto de investigación complementaria motivó la suspensión inmediata de la actividad y el requerimiento al promotor para que acreditara la trazabilidad del material que estaba extrayendo.

Además de subrayar el papel del ministerio, Sara Aagesen defendió las ayudas que concede el ITJ. «Se rigen por una orden transparente en la que los peticionarios deben cumplir todos los requisitos», indicó. Blue Solving se hizo acreedor de una ayuda de 927.000 euros, mientras que la empresa que los Rodríguez usaron antes para explotar Cerredo logró otra de 620.000. Con ese dinero pretenden cubrir parte de la inversión para hacer procesos industriales y de valorización en el exterior de la mina. Se trata de unas actividades «diferente a la extracción minera», aseveró la ministra, quien añadió que «la empresa no ha recibido ni un euro».

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«¿Cómo puede obtener una subvención una empresa como ésta?», pregunta el PP en el Senado

Las ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, compareció en relación con el fatídico accidente minero de Degaña este martes en la Cámara Alta en respuesta a las preguntas del senador asturiano José Manuel Rodríguez, 'Lito', quien reclamó a la también vicepresidenta tercera del Gobierno «saber toda la verdad» sobre el suceso que le costó la vida a cinco trabajadores. Durante la sesión de control al Gobierno, 'Lito' se mostró muy crítico con el Ejecutivo regional por conceder una licencia para desarrollar un proyecto de investigación complementario a la empresa Blue Solving, que explotaba el yacimiento en el momento del accidente, pese a que apenas disponía de 3.000 euros de capital social. Igualmente, el dirigente popular puso el foco en el reconocimiento de subvenciones tanto a esta firma como a Combustibles Asturiana y Leonesa, «perteneciente al mismo entramado familiar», por parte del Instituto para la Transición Justa, dependiente del ministerio que dirige Aagesen. Y es que, recordó el senador del PP, esta última empresa «estaba inmersa en un proceso judicial por un accidente laboral que costó una vida y un herido grave». «¿Cómo puede obtener una subvención? ¿Cuándo habían detectado la extracción ilegal de carbón?», quiso saber el político asturiano. «Se ve que ustedes, la familia y los amigos para esto de las subvenciones lo llevan por el libro», espetó.

El senador asturiano lamentó también durante su intervención que «el Gobierno socialista del señor Barbón y sus socios comunistas estén más interesados en tapar los hechos que en esclarecer el accidente ocurrido el pasado 31 de marzo».