La empresa no tenía activado el permiso de extracción de carbón ni para investigarlo

En la mina a cielo abierto (pisos quinto y sexto) coordina Tragsa una restauración ambiental que se alarga. Tiene ocho empresas de maquinaria para reponer áridos y vegetales aquí, en Tormaleo (Ibias) y Buseiro (Tineo). Les acaba de ampliar el contrato hasta abril de 2026. Varias de esas empresas están vinculadas a Victorino Alonso, con lo que se daría la paradoja de que puede estar cobrando por arreglar el daño paisajístico que en parte causaron sus explotaciones.

El proyecto de restauración usa fondos de la UE y el resto de planes en la zona deben adaptarse a él, no entorpecerlo. En 2021 Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl) compró la chatarra y derechos mineros del Grupo Minero Cerredo. La sociedad del clan leonés que lidera Jesús Manuel Rodríguez pagó cerca de un millón por posesiones que sabía muy condicionadas.

«No podías extraer carbón de uso térmico, porque eso está afectado por el Plan de Cierre y las ayudas de la UE; lo que interesaba es la maquinaria que quedó de anteriores empresas, la posible antracita que hubiera en la mina y las naves exteriores, que eran muy aprovechables», recuerdan fuentes cercanas a Combayl.

Cerredo queda entre Laciana y Tormaleo. La idea era utilizar el complejo como lugar de acopio y procesado. En tanto se maduraba esa hoja de ruta, en junio de 2022 Combayl pidió (y consigue) permisos para los «trabajos de desimpactación», consistentes en llevarse acopios de material carbonoso que suman 5.900 toneladas y la chatarra. Cuando pasa el inspector del Principado a comprobar que la empresa se ciñe a eso, el director facultativo le avanza que quiere pedir un Permiso de Investigación Complementario (PIC) para sacar mineral del interior de la mina. El funcionario le recuerda la normativa que restringe esa posibilidad.

El 23 de noviembre de 2022 ocurre un accidente mortal. Dos trabajadores bajaban de la planta sexta con un camión cargado de 20 toneladas de carbón del sexto piso. Combayl no tenía permiso para mercadear con ello y el Principado le multa con 20.000 euros y suspende el permiso.

En marzo de 2023 Combayl y una sociedad vinculada, Blue Solving, acuden a una convocatoria del Instituto para la Transición Justa. La primera propone reutilizar una de las instalaciones exteriores de Cerredo para poner una «planta de fabricación de briquetas de aditivos para uso industrial»; se trata de contar con maquinaria que compacte minerales finos de las minas para hacer bolas con ellos. El coste es de 3,2 millones, la subvención que logra cubre el 19,12% y asume el compromiso de mantener 19 empleos. Blue Solving plantea aprovechar otra zona exterior para hacer una planta de valorización de subproductos y escombros de construcción que exige 3,8 millones; el Instituto para la Transición Justa acuerda aportar el 24,13% a cambio de la creación de 18 puestos de trabajo.

Con ese apoyo estatal amarrado el clan llama al Principado y reactiva el PIC, ahora bajo el nombre de Blue Solving, sobre la que no pesan sanciones. Entre diciembre de 2023 y abril de 2024 hay tres reuniones con los entonces viceconsejero Isaac Pola y directora general Belarmina Díaz. El 5 de junio de 2024 Blue pide el permiso y lo logra en un mes.

La resolución es del 8 de julio y la consejería no la publicó. Permite sacar 60.000 toneladas en dos años bajo varias condiciones. Una es que «previo al inicio de los trabajos de investigación proyectados, se presentará para su aprobación si procede, el correspondiente Plan de Labores para el primer año de vigencia del PIC». Blue Solving no había dado aún este paso, con lo que este permiso seguía inactivo.

En el momento del accidente lo único que podía hacer en la mina era retirar chatarra y acondicionar el piso primero. EL COMERCIO reprodujo ayer la versión de parte de los supervivientes: trabajaban «como en cualquier mina» y lo que hacía la empresa con el carbón que sacaban «lo sabe ella».

¿Cuál era la actividad para la que Blue Solving se tenía que estar preparando? El PIC permitirá «labores subterráneas de investigación con la recuperación y acondicionamiento parcial del transversal del piso primero, desde donde se accederá mediante guías en capa en dirección Oeste, a una zona no investigada». Ahí abrirían galerías para analizar «materiales carbonosos».

Blue Solving adujo que su plan puede considerarse «un proyecto de carácter prioritario de interés público superior» pues quiere localizar carbón de coque y grafito, ambas materias primas «con elevado potencial en el yacimiento». Los usos finales serían los del «sector siderúrgico y de aceros especiales, grafeno, grafito, fabricación de componentes de las baterías, de plásticos especiales, filtros o paneles fotovoltaicos, etcétera».

El permiso se compromete así a extraer el material solo de yacimientos no explotados y para fines distintos a la generación térmica. Con eso se considera que la actividad «se sitúa totalmente fuera de la ampliación» de la decisión de la UE de cierre de minas no competitivas y «tampoco puede ser de aplicación» el aspecto de la Ley de Cambio Climático sobre el fin de la producción de carbón «al no darse los presupuestos fácticos que en dicho artículo se establecen».

La resolución autoriza así a extraer 60.000 toneladas para hacer «pruebas industriales» en las dos plantas a levantar con la ayuda estatal. «Se deja constancia de la expresa prohibición de comercialización del mineral», advierte el permiso.