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Se avecina tormenta entre la Consejería de Educación del Principado de Asturias y la red de centros concertados de la comunidad. En esta ocasión no ... es por la financiación ni por la supresión de aulas, sino por la regulación del uso de los dispositivos digitales en las aulas. Lydia Espina había anunciado hace algunas semanas que regularía su uso, en la línea de las últimas indicaciones de pediatras y expertos, mientras Madrid ponía el foco en este asunto y avanzaba una estricta regulación.
Pues bien, Asturias no ha puesto horarios, como Madrid, pero su propuesta choca frontalmente con el proyecto educativo que los centros concertados mantienen en la comunidad desde hace años y que pasa por el uso de dispositivos individuales desde quinto de Primaria en la mayoría de los casos y, con seguridad, a partir de primero de la ESO.
Así se lo ha hecho saber hoy la consejera a los directores de los centros concertados y los públicos, con los que se ha reunido a lo largo de la mañana y les ha adelantado la resolución que está ultimando y que será de aplicación desde el próximo curso escolar. Solo quedarán fuera de la normativa las enseñanzas a distancia, especialmente vinculadas a la Formación Profesional, ya que en esos casos los dispositivos individuales son el único canal de aprendizaje.
Para el resto, la cuestión quedará así. En el primer ciclo de Infantil, de 0 a 3 años, los dispositivos digitales quedan prohibidos y se utilizarán «exclusivamente recursos analógicos y manipulativos». En el segundo ciclo, 3 a 6 años, «se introducirán de forma progresiva los recursos digitales para un uso colectivo, en función de la edad del alumnado y siempre con la supervisión directa del profesorado«.
Lo más conflictivo llega en Primaria porque, como queda dicho, en la mayoría de los concertados de Asturias se empiezan a usar tabletas, chrombooks o similares a partir de quinto. «La propuesta en la que trabaja la consejería establece que, en Primaria, los recursos en papel o analógicos serán prioritarios y que las tecnologías digitales se utilizarán como método complementario, para actividades concretas en el aula y bajo la guía del docente». Es decir, no será posible el uso de dispositivos individuales que sustituyan a los libros de texto y, en cualquier caso, todo queda a la interpretación de esa «complementariedad», porque la concertada entiende que en su modelo el dispositivo es «esencial». En todo caso, añade la consejería, «este uso debe quedar recogido en el plan digital de cada centro y ha de adaptarse a las diferentes edades del alumnado».
La propuesta que ha presentado Lydia Espina habla de una «aplicación más amplia en Secundaria y Formación Profesional», aunque los directores de la concertada ya dan por seguro que los dispositivos individuales quedarán eliminados. El borrador habla de que en esas etapas «las tecnologías digitales serán una herramienta didáctica complementaria a los recursos analógicos, que en ningún caso podrán ser obviados ni sustituidos de forma mayoritaria en el plan digital de cada centro».
En el resto de enseñanzas, dice la propuesta, «se armonizará el uso de todo tipo de recursos». Es decir, la cuestión queda mucho más abierta en Bachillerato.
Las instrucciones serán de obligado cumplimiento a partir del 1 de septiembre de 2025, «si bien se establecerá un periodo transitorio de un curso completo para aquellos centros que puedan verse afectados por la modificación de su plan de digitalización«. La decisión de la Consejería de Educación abre una situación muy complicada para la red concertada, cuyo proyecto educativo tiene un pilar importante en el uso de la tecnología. Eso sin contar con el desembolso que han realizado las familias para adquirir los dispositivos y que, aunque los colegios se acojan a la moratoria de un año, su uso posterior sería muy reducido.
El malestar ya es evidente entre los directores de la escuela concertada. Saben que l normativa, sobre el papel, no prohibirá, pero que en la práctica «será imposible seguir trabajando como lo estamos haciendo».
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