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La prudencia y la reserva dominan el debate sobre la posible iniciativa para solicitar ante el Tribunal Constitucional germano la prohibición e ilegalización de Alternativa ... para Alemania (AfD), después de que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) anunciara el viernes que clasificaba a esa polémica formación como «definitivamente de extrema derecha» y un peligro para la democracia. Una valoración que ha dado alas a quienes defienden denunciar al partido ultra ante los jueces del máximo tribunal para vetar todas sus actividades e intervenir todos sus activos.
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Es el caso del antiguo comisionado para el Este de Alemania del Ejecutivo de Berlín, Marco Wanderwitz, para quien «lo evidente ha sido certificado por las más altas autoridades», por lo que «lo más tarde ahora» deberían iniciar el procedimiento para solicitar la prohibición de AfD «las tres instituciones que tienen derecho a hacerlo: el Gobierno federal, el Bundesrat y el Bundestag», en referencia estas dos últimas a las Cámara Alta y Baja del Parlamento. No es el único que sostiene esta idea. Políticos conservadores de peso como el primer ministro del Estado federado de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, la secundan.
La clasificación de Alternativa para Alemania por la BfV «no es una sorpresa, pero aporta claridad: el Gobierno federal debe ahora iniciar rápidamente un procedimiento de prohibición para proteger nuestra democracia», afirma el cristianodemócrata Günther en declaraciones que publica este sábado Spiegel Online, donde subraya que es de esperar que la declaración de AfD a nivel nacional como una formación de abiertas tendencias neonazis «también haga que los votantes sean conscientes de lo peligroso que es». Se trata, dijo, de «una amenaza para nuestro orden básico libre y democrático, y pone en peligro nuestra paz social».
Un grupo de diputados de todas las formaciones democráticas con representación en el Bundestag protagonizó ya en la última legislatura una iniciativa para que la Cámara Baja denunciara a Alternativa para Alemania ante el máximo tribunal germano con sede en la localidad de Karlsruhe. Políticos conservadores, socialdemócratas, liberales, verdes y de la izquierda se sumaron a esa propuesta que fue congelada a principios de este año a la espera de que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución hiciera público su análisis sobre AfD. Es previsible que ahora, una vez confirmadas sus sospechas y temores, presenten próximamente una moción parlamentaria al respecto.
Predominan, sin embargo, las voces que llaman a la prudencia y a no precipitarse. La primera de ellas es la del canciller federal en funciones, el socialdemócrata Olaf Scholz, quien poco después del anuncio de la BfV afirmó estar «en contra de tomar decisiones rápidas» y llamó a reflexionar y a estudiar detenidamente el informe de 1.100 páginas de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución con el que justifica el nuevo encasillamiento como partido ultraderechista y antidemocrático de AfD. Una actitud que comparten, por ejemplo, los primeros ministros conservadores en los Estados federados germano orientales de Sajonia y Sajonia-Anhalt, Michael Kretschmer y Reiner Haseloff, respectivamente, en cuyos feudos la ultraderecha es omnipresente.
«A los enemigos de nuestra democracia no debe combatirlos solo el Estado. La defensa de la democracia empieza en el centro de nuestra sociedad», dijo Kretschmer, mientras Haseloff propone hacer frente a la extrema derecha «plantando cara en términos de contenido y quitando viento a sus velas con la aplicación de buenas políticas para el pueblo alemán». Thorsten Frei, futuro ministro de la Cancillería federal en el gabinete del conservador Friedrich Merz, que será investido el 6 de mayo, comparte la idea de que solo con una política adecuada será posible cortas las alas a AfD.
«El cambio de rumbo del futuro Gobierno alemán en política económica y migratoria contribuirá sin duda a pacificar la sociedad y a restablecer la confianza en nuestra política cívica», dijo Frei sumándose a los prudentes que no son partidarios de poner en marcha, por ahora, los mecanismos para tratar de prohibir a Alternativa para Alemania. Un procedimiento que solo ha tenido éxito en dos ocasiones en la historia de la República Federal, ambas en los años 50 y que condujeron a la ilegalización del descaradamente nazi Partido Socialista del Reich (SRP) y del Partido Comunista de Alemania (KPD) por su carácter abiertamente antidemocrático y anticonstitucional.
Dos iniciativas para prohibir el neonazi Partido Nacionaldemócrata Alemán (NPD) fracasaron sin embargo ante los jueces del máximo tribunal germano. La última de ellas en 2017, aunque no porque no consideraran que se tratara de una formación anticonstitucional, sino por ser tan insignificante y carente de influencia política que no se merecía ni la atención de los prelados. Al contrario que AfD ahora, el NPD era entonces demasiado pequeño para ser considerado un peligro. Los prudentes y reservados argumentan que lo peor para la democracia alemana sería que Alternativa para Alemania superara el filtro del Tribunal Constitucional y evitara su prohibición. De ahí que defiendan no solicitarla por el momento.
20,7% de los votos
cosechó Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones adelantadas de febrero, que la colocaron como segunda fuerza del país y la convirtieron en jefa de la oposición.
Quien no se ha pronunciado en todo este debate es el próximo jefe del Ejecutivo federal, el presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, que gobernará Alemania en apenas tres días. Desde la fundación de AfD en 2013, el futuro canciller es un enemigo declarado de esa formación. Ya en 2020 calificó al partido ultraderechista y sus funcionarios de «chusma» y afirmó textualmente que «si puedo contribuir a que esta gentuza vuelva a desaparecer, pienso hacerlo». Es por ello que hay medios y analistas políticos en Berlín que consideran más que probable que el líder conservador respalde una iniciativa para que no solo una sino las tres instituciones con derecho a presentar una demanda en Karlsruhe lo hagan a corto plazo.
A sus 69 años, Merz sabe que sus decisiones en esta legislatura recién iniciada determinarán cuál será su memoria histórica. Como indica el rotativo berlinés 'Der Tagesspiegel', es seguro que no querrá ser recordado como un segundo Franz von Pappen, el canciller federal conservador que abrió de par en par la puerta del poder a Adolf Hitler. El líder de la CDU es consciente también de que deberá hacer frente a los ataques autoritarios que sufren Europa y los valores occidentales. No solo desde Rusia por parte de su presidente, Vladímir Putin, sino también desde EE UU de la mano de Donald Trump. Ambos fomentan a AfD y la usan para socavar la democracia germana.
El futuro canciller ha visto también cómo otras formaciones ultraderechistas han acabado devorando a los partidos conservadores de sus respectivos países que buscaron en algún momento su colaboración o cedieron a ofertas de cooperación y teme que en Alemania pueda llegar a suceder algo igual con los cristianodemócratas y sus hermanos socialcristianos de Baviera. AfD es ya la segunda fuerza política germana y aspira a convertirse en la primera en 2029. Una amenaza que Merz no se toma a la ligera y que ha prometido evitar con las medidas que impulsará durante su mandato.
Preguntado por el grupo de diputados multipartidista que quiere presentar la demanda para lograr la prohibición de AfD, Merz indicó hace un tiempo que estaba abierto a esa posibilidad, pero que no la apoyaría poco antes de unos comicios legislativos, sino inmediatamente después. De esa manera el veto tendría más posibilidades de convertirse en realidad y verse ejecutado antes de las siguientes elecciones.
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