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Trabajadores de la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea) y familiares se han concentrado esta mañana ante el Ayuntamiento del concejo. Quieres así mostrar su enfado ante la paralización de la actividad decretada por el Principado de Asturias a inicios de abril. Desde entonces la empresas que explota el yacimiento, Tyc Narcea, viene remitiendo a la administración documentación para defender la legalidad de su actividad, sin que por el momento el nuevo equipo que ha asumido las competencias de minería desde la Consejería de Ciencia e Industria resuelvan la situación.
«No a los cierres injustos», «Justicia para nuestra mina» y «¡Basta de incompetencia!» son algunos de los lemas que los trabajadores han lucido en sus pancartas. Un portavoz de los trabajadores hizo estas declaraciones: «Nos ha costado mucho tiempo llegar a otra zona distinta a la unidad productiva anterior, para así cumplir con todos los requisitos necesarios, y ahora que se sabe que nuestro producto es único y muy valioso para temas de siderurgia, nos lo quieren paran, ¡todo por justificar su negligencia! ¡Que salgan de los despachos y vengan a visitar nuestra mina antes de cometer esta injusticia!»
El proyecto de Tyc Narcea consiste en alcanzar una capa sin explotar, extraer de ella antracita de alta calidad, y someterla a una prueba industrial en las instalaciones de ArcelorMittal. Eso es lo que el Principado le autorizó en 2021, con un permiso que ha sido posteriormente renovado y ampliado. La figura jurídica que aplicó es la del Proyecto de Investigación Complementario (PIC), una fórmula ahora cuestionada porque fue la que también se concedió a Blue Solving en la mina de Cerredo, donde ocurrió el accidente que acabó con la vida de cinco trabajadores. Se da la circunstancia de que el PIC de Blue Solving estaba sin activar, y que según los supervivientes lo que llevaban «dos o tres meses» haciendo era extraer carbón sin permiso.
Un portavoz de la plantilla de Tyc Narcea expresó ayer a este periódico que la sociedad se estaba portando bien con ellos, que en un principio les habían dando días de vacaciones a la espera de que el Principado permitiera volver a trabajar, pero al prolongarse la situación esta semana les fue comunicado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
«Esta es una paralización ilegal», consideró. «Aquí hay trabajo para 30 años y se está jugando con el pan de 60 familias; la empresa se está portando bien, cuando llegó la paralización nos dieron días de vacaciones esperando que se resolviera la situación pero ahora no les ha quedado otra que aplicar un ERTE», agregó. «Como trabajadores nos toca movilizarnos; vemos que desde la dirección se está remitiendo documentación a la consejería y que ni les responden ni los reciben», trasladó. «El director facultativo nos dice que es una ilegalidad esta paralización y desde la dirección creen que esto es un tema político por el accidente de Cerredo; esto no puede seguir más así», abundó.
Los trabajadores tienen previsto una concentración ante la consejería de persistir la situación.
La sombra está en el Proyecto de Investigación Complementaria (PIC), el permiso que el Principado concedió a Tyc Narcea en 2021. También es el que extendió en julio pasado a Blue Solving para sacar 60.000 de una zona sin explotar a la que se accedería desde el primero piso de Cerredo.
Ni la Ley de Minas ni el reglamento general para el régimen de la minería especifican esta fórmula. Para concederla en sus resoluciones la consejería recurre «por analogía» a artículos que regulan proyectos en concesiones mineras y permisos de investigación, estirando a conveniencia determinados aspectos de su aplicación.
Tal y como publicó EL COMERCIO a inicios de abril, los dueños de Cerredo querían un PIC y así se lo avanzó su director facultativo al inspector que los visitó en junio de 2022, cuando operaban con la firma Combayl. Como detalló este periódico, el funcionario puso reparos, recordando que se iban a desarrollar trabajos de restauración en el cielo abierto incompatibles con labores de extracción y entendiendo que los pisos inferiores quedaban afectados. El inspector no era el actuario habitual de la mina.
Dos meses después ocurrió un accidente mortal que paralizó todo. Los empresarios traspasaron la mina a otra sociedad, Blue Solving, y pidieron el PIC. El jefe de servicio se lo concedió en una resolución que, al contrario del actuario, considera que esa extracción es compatible con la restauración y no le afecta el plan de cierre presentado ante la UE.
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