Los empleados públicos de Asturias, al límite

«Estamos a un peldaño de ir a la huelga general en la Administración asturiana», asegura Sergio Peña, presidente de CSIF Asturias. «Los trabajadores ven que llevamos seis años de crecimiento económico y gobierno socialista, sin que eso redunde en mejoras tangibles. Todo son promesas a futuro que no se materializan, y el mejor ejemplo es el convenio del personal laboral: lleva caducado desde 2007, afecta de manera directa a 6.800 empleados y de forma indirecta al resto. ¿Cuánto más hay que esperar», indica. «Al final han acabado desautorizando a los representantes de los trabajadores; ven que da igual los votos que tenga el sindicato porque no arreglas nada, no te harán caso. Están quemados y exigen que si hay soluciones, toca movilizarse».

En UGT urgen al Principado a «ser más inteligente». «Hace dos o tres años lo de Educación se habría solucionado con más simpatía y proactividad, ahora lo que la gente quiere es un acuerdo integral, de legislatura, y los recursos económicos para ello se van a cuadriplicar», considera Javier Fernández Lanero, secretario general de la central. «Urge que el Gobierno no alargue más este conflicto, si no podemos tener contagio con otros sectores, que se confunda todo e ir a un frente común en el que nadie ganaría nada, solo la ultraderecha».

El líder de UGT deja dos pistas de cara a la negociación: «No hay cosa peor que poner en la mesa 30 millones y sin embargo no satisfacer al sector educativo, no puedes mejorar en todo menos en el salario». Eso y que no se trata de igualar «con Cantabria u otros como están ahora; todos están negociando al alza, por lo que hay que lograr igualar a la larga».

En la Administración autonómica son conscientes del difícil dilema. Dar todo lo que se pide sienta precedente. Alargar el conflicto puede espolear a otros a emular la protesta en la calle y general un «efecto bola de nieve».

Aquí los primeros en dar el paso fueron los sindicatos de la educación pública, pero hay onda expansiva. Ya están movilizándose los representantes de la educación concertada y de los centros O-3. En el caso de la concertada, con una problemática específica de recursos y también diferencias salariales, que en estos centros cifran en «hasta 800 euros mensuales» menos que los docentes de la pública. Si la huelga de la pública se cierra con nueva elevación retributiva significará que esa distancia seguirá creciendo.

En el caso del 0-3 ocurre algo parecido. La plantilla reclaman a la consejería «una mesa real de trabajo en la que se pongan todos los datos sobre la mesa», porque «teóricamente la red comienza a funcionar en septiembre», cuando las primeras 22 pasen a depender del Principado y «a día de hoy no hay nada firmado, no conocen ni condiciones, ni se les ha trasladado una propuesta a valorar». Además, «la red es muy precaria. Certezas no hay ninguna, solamente palabras. Se están empeñando en ponerla en marcha en septiembre y va a salir mal. Esta red está abocada al desastre, esto no es un proyecto estrella», indican los sindicatos.

El colectivo aún desconoce qué va a pasar con el centenar de trabajadoras pertenecientes a los seis ayuntamientos que no las han estabilizado y sigue sin saber cómo se van a solventar las diferencias salariales entre las educadoras de uno u otro Ayuntamiento.

La llama prende también en Derechos Sociales, pese a que desde el Ejecutivo autonómico se considera que ya se les han ofrecido las garantías que buscan para el mantenimiento de los puestos de los trabajadores que ejercen puestos de educadores sociales sin contar con la titulación oficial.

Preocupa Bienestar Social, con el malestar que se está acumulando en las residencias de la tercera edad y de los centros de día. «Desde la pandemia esta parte de los cuidados y de la dependencia ha sufrido muchas tensiones; en Sanidad se alcanzaron buenos acuerdos en el último año pero en el ERA tenemos el problema que ahora vemos, el de reivindicaciones que se acumulan en el tiempo porque no hay una negociación seria, rigurosa y con recursos», indica José Manuel Zapico, secretario general de CC OO. «Hablamos de sectores muy feminizados, precarizados y con unas instalaciones que da pena verlas. Necesitamos abordar eso antes de que haya conflicto, no cuando ya ha estallado», previene Fernández Lanero.

Hay más. «Tenemos el caso del SEPA-112, donde se prometió un refuerzo de plantilla que no acaba de llegar, los iban a funcionarizar pero al final ha sido perdiendo dinero», considera Sergio Peña, de CSIF. «Los trabajadores del Servicio Público de Empleo del Principado (SEPEPA) comparten edificio con los del antiguo INEM, y a ellos el Gobierno central de Pedro Sánchez les sube los niveles y la productividad, mientras que aquí ni lo uno ni lo otro y encima están bajo mínimos», describe.

En Sanidad las cosas se dan por encarriladas «a falta de ver cómo queda el nuevo mapa sanitario», coinciden los sindicatos. En el Ente de Servicios Tributarios los auxiliares administrativos han visto cómo se reclasificaba a sus homólogos de Sanidad pero no a ellos.

Las causas son siempre variadas y en el frente sindical se debate si conviene seguir librando cada batalla una por una. Es la estrategia que mantiene CC OO: «A problemas concretos hay que dar soluciones concretas así que vamos a seguir individualizando esos conflictos, hay que garantizar los servicios públicos con equilibrio presupuestario», defiende Zapico. «La situación del cuidador no es la del docente, aunque en un ambiente de polarización hay quien quiere unirlo todo, sería un grave error», coincide Fernández Lanero.