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«Junts no va de farol», advierten en el ala socialista del Gobierno. El pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo ... de Ministros que acordó reducir a 37,5 horas la jornada laboral, Yolanda Díaz se mostró convencida de que mover a la formación de Carles Puigdemont de su rechazo a la medida, su gran apuesta política, no costaría demasiado. «Hemos vivido negociaciones mucho más complicadas que esta», se jactó incluso. Sus socios en el Ejecutivo, sin embargo, sostienen que se equivoca y ponen muy en duda que el proyecto de ley llegue a superar siquiera el primer filtro del Congreso.
Los posconvergentes ya han anunciado una enmienda a la totalidad contra iniciativa. No proponen un texto alternativo sino su devolución al Ejecutivo y, en su caso, una negociación que parta de cero. La afirmación de Díaz de que su causa tiene el apoyo de «la calle» y ningún partido se atreverá a oponerse a ella de forma directa pincha, en este caso, en hueso porque los neoconvergentes se dirigen a una parroquia muy particular. El tejido empresarial catalán, del que se nutren, está formado en más de un 99% por pymes que rechazan con uñas y dientes la propuesta.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pretendió en su momento, durante los meses de diciembre y enero, que, antes incluso de que el texto fuera aprobado como anteproyecto de ley, se introdujeran modificaciones para hacerlo «más equilibrado» teniendo en cuenta lo difícil que podría resultar para las pequeñas y medianas empresas «digerir» el cambio. La vicepresidenta segunda, que ahora asegura estar dispuesta a discutirlo casi todo con Junts, acusó al PSOE de obstaculizar una iniciativa que en realidad nunca habría querido y llegó a afirmar que la posición del ministro era «casi de mala persona».
Es cierto que la reducción de la jornada se introdujo en el acuerdo de coalición del Gobierno por empeño de Sumar y que el PSOE nunca mostró demasiada prisa por materializarla. De hecho, el Consejo de Ministros la ha aprobado con retraso respecto al plazo marcado. Pero el ala socialista del Ejecutivo siempre ha asegurado que está a favor de su implementación y las palabras de Díaz, que semanas después protagonizaría otro fuerte choque con María Jesús Montero a cuenta de la tributación del SMI, sentaron muy mal.
Ahora, el socio mayoritario del Gobierno advierte de que tendrá ser la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo la que se bata el cobre con un socio correoso que a ellos ya les ha hecho sudar sangre en esta legislatura. El hombre al que Pedro Sánchez encomienda, junto a la vicepresidenta primera, todas las negociaciones legislativas, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo dijo el viernes abiertamente: «Vamos a dar tiempo a los contactos que tenga la vicepresidenta Yolanda Díaz con los grupos parlamentarios».
No es que se vayan a desentender. Fuentes gubernamentales aseguran que si Díaz fracasa –lo que, por otro lado, dan casi por seguro–, Montero y Bolaños entrarán en acción. Pero igualmente dudan de que sirva para mucho. Esta semana, el también ministro de la Presidencia celebró un encuentro con Cecot, organización que defiende los intereses de las empresas catalanas, y en su departamento sostienen que su posición es muy firme y que Junts la secundará.
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