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Continúa la guerra abierta entre el Puerto de Gijón y el Ayuntamiento de la ciudad a cuenta de la franja marítima de Naval, propiedad de ... los primeros, y su cesión -o no- a los segundos. Este viernes le ha tocado mover ficha a la Autoridad Portuaria que en dos direcciones: por un lado con acusaciones hacia los dirigentes municipales, y en otro, anunciando sus intenciones en el corto plazo, en caso de no culminar la cesión.
Las palabras han sido de trazo grueso, aunque a través de una nota de prensa. En la misma, se acusa al Ayuntamiento de Gijón de «falta de lealtad institucional» y de no tener «respeto a los consensos del Consejo de Administración». Para motivar estas declaraciones, el Puerto se remite a lo «hablado en el último Consejo»: se instó a las dos partes a llegar a acuerdos y a la elaboración de un convenio. Este fue remitido por la Autoridad Portuaria al Ayuntamiento el pasado miércoles con una propuesta de reunión entre Nieves Roqueñí y Carmen Moriyón. «Se hizo con la discreción debida» y por ello el puerto lamenta que «se haya usado interesadamente ese documento de trabajo en un intento de dinamitar todo diálogo posible».
Este es el último capítulo de una semana que ha ido subiendo en decibelios, y en la que han entrado al juego la mayoría de los partidos políticos. La propia alcaldesa, Carmen Moriyón, avanzó el martes que se planteaba llevar al Puerto a los tribunales por los terrenos de Naval Azul. Desde el Puerto de Gijón ya han tildado de «impropia» la «amenaza de judicializar el proceso» por parte de Carmen Moriyón y reiteran su voluntad de «trabajar conjuntamente en un marco leal de colaboración».
Sobre esa misma idea que la líder forista, o animando a la misma, se pronunció el PP. Hoy mismo, aunque con una postura que lleva manteniendo desde hace tiempo respecto a este asunto. El presidente local y diputado regional, quien ya criticó en su día el nombramiento de Nieves Roqueñí, acusando al PSOE de colonizar las instituciones, y ahora habla de «declaración de guerra» con este asunto, por lo que no duda de ir a los tribunales.
Del otro lado, como era de esperar, está el PSOE, que también convocó a la prensa esta semana para hablar del asunto, y en este caso, para llevarlo al pleno de la próxima semana, que ya promete que viene caliente. «La ciudad no podrá hacer nada con la cesión porque necesitaría permiso para todo», dijo la edil del PSOE Marina Pineda para instar a Carmen Moriyón a reunirse con Nieves Roqueñí para «ver cómo se diseña ese espacio».
Y tampoco ha faltado IU, que aunque inicialmente ha adoptado un rol de árbitro pidiendo a las partes que «no se enroquen en un 'cascayu' en El Natahoyo», también irá al pleno con una proposición: la tramitación urbanística de los terrenos de Naval Gijón y para que El Musel recupere el proyecto ganador del concurso para reformar el litoral oeste de 2020.
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Y de esto primero, se llega al segundo punto: qué quiere el puerto a través de su propuesta de acuerdo. Pues señalan que su compromiso es ceder gratuitamente la franja al uso público garantizando la compatiblidad de actividades náutico-deportivas y asumiendo la ejecución y financiación de las obras de urbanización, que después serían mantenidas por el Ayuntamiento. A cambio, que éste tenga que solicitar autorización para realizar obras en la parcela o la colocación de nuevos elementos, término que ya había sido aprobado previamente hace meses.
Su compromiso, ahora conocido, es abordar en verano los trabajos de acondicionamiento «evitando los retrasos que se están generando por la negativa del Ayuntamiento a alcanzar un acuerdo».
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