El chófer del autobús siniestrado en Avilés en 2018 afronta cuatro años de cárcel por el accidente

Han pasado cerca de siete años desde que un autobús de ALSA de la línea Cudillero-Avilés-Gijón se estrellase contra una pilastra del enlace de la autovía AI-81 al Parque Empresarial Principado de Asturias, uno de los accidentes más aciagos de la historia reciente de la ciudad. Aquel golpe se saldó con cinco pasajeros fallecidos y los otros catorce heridos, además del propio conductor, que perdió una pierna. El chófer afronta una pena de cuatro años de prisión y seis de inhabilitación en un juicio que comenzará el lunes y se alargará durante toda la semana.

La Fiscalía le considera autor de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y otros doce de lesiones también por imprudencia grave, ya que «conducía el vehículo público a pesar de conocer que no podía hacerlo a causa de la epilepsia que padecía y la medicación que tomaba por este motivo, circunstancia que él sabía pero que no conocía la empresa de transportes para la que trabajaba».

De acuerdo al relato del Ministerio fiscal, el propio conductor manifestó tras el accidente que «había padecido una pérdida de consciencia y agarrotamiento muscular producto de una crisis epiléptica que le había impedido controlar el autobús y evitar la colisión». El chófer habría sido diagnosticado de epilepsia en el año 2015, y habría estado de baja por este motivo desde febrero de ese año hasta el mismo mes de 2016. En el momento del accidente se encontraba bajo tratamiento farmacológico para controlar la enfermedad, «y estaba advertido de que esa medicación podía afectar a su capacidad en la conducción». El fiscal sostiene además que «era conocedor de que no cumplía con los requisitos» necesarios para poder conducir, ya que no llevaba cinco años libre de fármacos, como establece la normativa.

No había comunicado su situación a la empresa para la que trabajaba y «pese a ser conocedor de la enfermedad que padecía y del riesgo que la misma generaba en el ejercicio de su profesión en la conducción de autobuses, el acusado continuó desarrollando la misma». El servicio de prevención de ALSA le había declarado apto para desempeñar el trabajo de conductor en 2018, poco antes del accidente, al desconocer su historial médico.

Además de las penas de prisión e inhabilitación, al conductor se le piden indemnizaciones que superan los 674.000 euros y que en su mayor parte ya han sido abonadas a aquellas víctimas que no han expresado su renuncia, esto es, los herederos de uno de los fallecidos y cinco de los heridos.

Al margen de la Fiscalía, otras nueve acusaciones particulares también presentan cargos.

• Temas
• Avilés
• Alsa
• Accidente de autobús en Avilés