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Tras casi «800 días sin que se haya convocado la mesa de negociación sobre la equiparación retributiva desde la primera carta de solicitud de convocatoria ... de 22 de noviembre de 2022» y después de «17 años desde el último acuerdo de equiparación salarial, que tuvo lugar en 2007» y con diferencias medias respecto a categorías equivalentes de la pública «de más de 800 euros al mes», los sindicatos docentes de la escuela concertada asturiana confiaban en que los presupuestos regionales de 2025 hubieran incluido un guiño al sector. Pero no ha sido así. «De nuevo no hay un solo euro destinado ni a la equiparación retributiva recogida en la LOMLOE ni a la mejora real de nuestras condiciones laborales», lamentan, lo que les llevó hace unas semanas a convocar una nueva concentración de protesta. «La Consejería de Educación y el Gobierno de Asturias siguen discriminando al conjunto de los trabajadores y, por extensión, al alumnado de los centros concertados asturianos, también sostenidos con fondos públicos», critican OTECAS, USO y FSIE.
Así las cosas, todo hace indicar que se repetirán las protestas en los próximos meses, al igual que ocurrió el curso pasado. Aunque la firma del acuerdo de mantenimiento del empleo con la Consejería de Educación podría haber hecho pensar que las aguas se calmarían, no ha sido así. Al contrario.
«Firmamos porque nos pusieron una pistola en la cabeza: o firmábamos o muchos profesores podían quedar en la calle», recuerda ahora José López-Sela, de FSIE. Pero lo cierto es que el tema de la equiparación salarial no se llegó a tratar, ya que la consejería alegó que no era el momento. Y ese momento dice Gonzalo Menéndez, de USO, debe llegar ya. Insisten en que su petición es abrir una mesa de negociación y fijar un calendario, y lamentan que se haya perdido la oportunidad de hacerlo en la elaboración de los presupuestos regionales de 2025.
Aunque no son ajenos a la politización del tema, más aún cuando, en plena crisis demográfica y notable pérdida de alumnado en las aulas asturianas, desde los sindicatos de la pública se pide revisar los conciertos antes de tomar ninguna decisión que pudiera afectar al número de centros o de aulas de la red pública.
Pero en la concertada miran hacia otras comunidades. Como al País Vasco, por ejemplo, donde Educación ha aprobado la equiparación salarial, que se hará de forma progresiva hasta 2027. El Gobierno vasco ha defendido que esta medida «permite seguir dando pasos hacia la gratuidad de la enseñanza en los centros que prestan el Servicio Público de Educación vasco puesto que evitará que centros concertados tengan que reflejar las consecuencias de incrementos salariales a través de sus cuotas». De hecho, los acuerdos que el Ejecutivo ha ido firmando en los últimos meses con las patronales de la concertada y estos, a su vez, con los sindicatos, podrían llevar a que, en la práctica, profesores de la concertada cobraran más que los de la pública.
A todo esto se añade la posibilidad de que el Gobierno central revise la financiación de la red concertada. Según publicó el diario El País, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, pretende estudiar el coste real del servicio. En OTECAS conocen de esa «intención», la de «hacer el cálculo real del puesto escolar en la concertada, para modificar los módulos de concierto», explica José Manuel Cueto, aunque se muestra escéptico: «Con esto ya llevamos años y años». También en FSIE saben del compromiso, al menos, de crear comisiones de trabajo para estudiar la financiación de esta red.
El anuncio del secretario de Estado no sentó demasiado bien en los sindicatos de la red pública, que rechazan una medida de esas características mientras «los recortes que se impusieron hace años entre los profesores de la pública aún no se han revertido», dice Borja Llorente, de CC OO, convencido además de que aumentar las transferencias a la concertada «solo servirá para que las empresas tengan más dinero». El sindicato asegura que ha podido confirmar que la revisión de los módulos económicos «no está en la agenda» del ministerio.
«La educación concertada está absolutamente infrafinanciada». José López-Sela, además de representante del sindicato FSIE, es director de un colegio concertado en Asturias y conoce bien las cuentas. «El dinero del Principado no da casi ni para pagar la limpieza de los colegios. Claro que las familias pagan cuotas voluntarias. Si ellos no hicieran ese esfuerzo, no podríamos ni encender la calefacción, y al Estado no le importa que los alumnos pasen frío», lamenta.
Cada vez que se habla de las cuotas voluntarias de los centros concertados surge el mismo debate y las acusaciones de obligatoriedad, algo que la red en Asturias siempre ha negado. Desde Escuelas Católicas insisten una y otra vez que se tiende a generalizar «lo negativo que se da de una forma minoritaria», en comunidades donde es habitual otro modelo de centros concertados, «que no pertenecen a congregaciones religiosas sino a empresas».
En Asturias, insiste Sela, «las cuotas son voluntarias y no se hace ninguna diferenciación entre el alumnado que las paga y el que no». Y que ese concepto está claramente diferenciado del pago de otro servicios, «como comedor o transporte escolar».
Hace unas semanas se publicó el informe anual que realiza la Asociación de Colegios Privados e Independientes-Círculo de Calidad Educativa (CICAE), que había analizado 321 centros en ocho comunidades autónomas (ninguno en Asturias) y concluía que un 68% de los colegios no informa a los padres sobre la voluntariedad de los pagos durante las entrevistas de admisión y que en Cataluña y Madrid las familias llegan a pagar entre 5.000 y 6.000 euros al año. Son los lugares con las cuotas más altas. El propio informe asegura que los centros con las cuotas más altas son los de titularidad mercantil. Los que pertenecen a congregaciones religiosas tienen las cuotas más bajas.
En Asturias, la red concertada recibe unos 99 millones de euros de los presupuestos regionales y la propia consejera, Lydia Espina, ha defendido en los últimos meses los acuerdos alcanzados con patronal y sindicatos para las ratios de Infantil, las pagas de antigüedad, el mantenimiento del empleo... Espina siempre ha defendido la coexistencia de ambas redes, aunque los sindicatos de la concertada llevan tiempo con la exigencia de las mejoras salariales.
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