Cuando llegó la sentencia, ya estaba todo embalado

No es una decisión fácil o agradable. Pero, en política, a veces hay que tomar decisiones así. El asunto lleva coleando desde 1994». Consciente de la polémica que se levantaría, la que fuera directora general de Cultura, Ana Rodríguez Navarro, se adelantó a las críticas y se encargó de defender la decisión que, un día antes, el 4 de febrero de 2002, había tomado el Pleno de la Comisión de Patrimonio: completar la exhumación de los restos del castro de Llagú y trasladarlos a un centro de la cultura castreña. La solución dividió a todo el mundo, incluso se plasmó en la votación de tal asunto (con tres votos en contra y otras tres abstenciones).

Pero nadie les hizo cambiar de opinión. Ni siquiera la petición de IU, que intentó en la Junta General la declaración de Bien de Interés Cultural para Cellagú y, consiguientemente, la máxima protección para este yacimiento. Solo le apoyó la Unión Renovadora Asturiana. El PP se abstuvo; y el PSOE cambió de opinión y se posicionó en contra alegando que los restos estaban muy deteriorados por el expolio y los agentes atmosféricos.

En realidad, el peligro ya acechaba a los restos desde 1997, cuando la cantera entonces llamada Ready Mix Asland inició un contencioso-administrativo contra los cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que protegía la zona, cada vez más deteriorada por el vandalismo, y le impidían ampliar su área de extracción. Incluía el yacimiento de origen prerromano del siglo IV antes de Cristo o incluso, según otros estudios, anterior, del VI, así como una segunda fase romana.

Unos restos que fueron embalados y guardados en la nave de la empresa con el compromiso de reconstruirse en la finca de El Castañéu, en Latores, cedida por el Ayutamiento, pero que continúan en cajas desde el 2005, cuando terminó la exhumación.

Lo llamativo del caso es que no se debería de haber hecho nada de lo que se hizo. Tras una serie de fallos judiciales, el Tribunal Supremo fue contundente en febrero de 2006. En su opinión, existían razones para preservar el mencionado yacimiento dado su valor histórico y patrimonial y por tanto, desautorizó levantarlo. Sin embargo, esta sentencia llegó tarde, cuando ya no había ni rastro del castro.