El Supremo de EE UU limita el poder de los tribunales inferiores para bloquear las órdenes de Trump

Se trata de un fallo histórico con amplias implicaciones para el poder Ejecutivo, pero que deja sin resolver la polémica sobre la constitucionalidad del decreto y tampoco ratifica el derecho de ciudadanía al nacer. Porque la decisión del Supremo no se pronuncia sobre la garantía constitucional de la Decimocuarta Enmienda, según la cual «todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos» son ciudadanas. Solo se pronuncia sobre la capacidad de los tribunales inferiores para impugnar los decretos del presidente Trump.

Esto es así porque, en su apelación de emergencia al Supremo, la administración utilizó astutamente el caso Trump vs. CASA Inc. para argumentar no si el presidente puede modificar una enmienda a la Constitución, que hubiera convertido al caso en un proceso mucho más complejo y difícil de ganar, sino para poner en duda el poder que los tribunales menores tienen para bloquear las agresivas acciones ejecutivas del presidente. Al fin y al cabo, estos jueces se han convertido en un importante obstáculo para avanzar la agenda de Trump.

De esta forma, los abogados del Ejecutivo convirtieron un caso de inmigración y sobre un derecho constitucional en otro sobre la jurisdicción del poder judicial. Los letrados del gobierno argumentan que los jueces federales estatales solo deben tener jurisdicción en la protección de demandantes de cada Estado, no en todo el país.

De esta manera, las decisiones de esos tribunales deberían recaer solo sobre los Estados en los que se produjeron, y afectar únicamente a los niños de las madres que demandaron y ganaron en esas circunscripciones estatales.

Durante los alegatos orales, los jueces liberales del Supremo se mostraron escandalizados ante la «ilegalidad» de la medida del presidente. No obstante, se impuso la opinión de la mayoría conservadora. Amy Coney Barrett, nombrada por Trump, señaló que los jueces federales de distrito se excedieron en su capacidad jurídica en un bloqueo que intenta definir unilateralmente quién puede convertirse en ciudadano. Y por ello, escribió, «exceden la autoridad equitativa que el Congreso otorga a los tribunales federales».

Eso sí, el fallo hace referencia solo a la jurisdicción de un tribunal inferior a limitar o bloquear las directivas de la administración federal, y no implica automáticamente que el decreto de Trump pueda entrar en vigor inmediatamente. De hecho, especifica que la orden ejecutiva de Trump no puede ser aplicada hasta 30 días después del dictamen de este viernes, que otorga tiempo a los tribunales inferiores a revisar el alcance de sus medidas de objeción y también a los opositores, para presentar nuevos recursos legales.

En cualquier caso, la decisión del Supremo puede abrir la puerta a que les sean negados sus derechos constitucionales de ciudadanía por nacimiento a niños que han venido al mundo en Estados Unidos. Concretamente, el decreto de la administración denegaría la ciudadanía a unos 150.000 nacidos cada año en el país. Los detractores de esta medida han advertido de que la decisión abre una puerta trasera que permitiría desmantelar los derechos constitucionales de los estadounidenses, incluido el derecho al voto.

La jueza disidente Ketanji Brown Jackson señaló en su nota que la decisión del tribunal de permitir al ejecutivo violar los derechos constitucionales de cualquier persona «que aún no haya demandado, es una amenaza existencial para el Estado de derecho».

«No se equivoquen: el fallo de hoy permite al Ejecutivo negar a las personas derechos que los Fundadores claramente definieron en nuestra Constitución, siempre y cuando esas personas no hayan encontrado un abogado o pedido de manera particular a un tribunal que proteja sus derechos», escribió la jueza en su disidencia.

Trump, sin embargo, celebró su victoria y señaló a los periodistas en la Casa Blanca que ahora los abogados del Departamento de Justicia iniciarán rápidamente recursos legales en los casos que hayan bloqueado temporalmente las acciones ejecutivas del presidente. «Es una victoria monumental para la Constitución», señaló. «Pone coto a los jueces que sobrepasan su autoridad» en lo que Trump considera una utilización de la judicatura para lograr fines políticos contrarios a su ideología.