El Supremo permite a Trump deportar inmigrantes a terceros países

En el fallo, que contó con el voto favorable de los seis jueces conservadores del Supremo, el alto tribunal no proporcionó una explicación detallada en su orden del lunes, como suele ocurrir con los expedientes de emergencia. En su escrito de disconformidad sobre el veredicto, las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson señalaron que la decisión adoptada suponía «recompensar la anarquía». «En asuntos de vida y muerte, es mejor proceder con precaución. En este caso, el Gobierno adoptó el enfoque opuesto», lamentaron.

El Ejecutivo de Trump había pedido a la Corte Suprema el mes pasado que revocara la orden de un juez federal que impedía al Gobierno enviar indocumentados a países que no eran sus lugares de procedencia. El juez de distrito Brian Murphy había determinado que la Administración violó «sin lugar a dudas» su fallo con la deportación rápida de un grupo de inmigrantes a Sudán del Sur.

Murphy descubrió que el Gobierno no otorgó tiempo suficiente a los ocho inmigrantes de diversas nacionalidades para que pudieran impugnar su caso antes de haber sido puestos en un avión con destino Sudán del Sur. Según la Administración Trump, los simpapeles, provenientes de países como Myanmar, Vietnam y Cuba, tenían condenas por delitos graves en EE UU y no podían ser devueltos a sus territorios natales. Acusaciones denegadas por los abogados de los indocumentados, que en el recurso presentado ante el tribunal declararon que muchos de los detenidos no tenían antecedentes penales.

Tras la decisión del juez, el vuelo ya en curso a Sudán del Sur fue desviado a una base naval de EE UU en Yibuti, donde se les confinó en un contenedor de carga acondicionado donde permanecen bajo duras condiciones, incluso para los que les custodian. El país africano atraviesa en estos momentos una terrible crisis de violencia contra los civiles en un conflicto armado que, según la ONU, amenaza con llevar al país al abismo.

Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigación de Inmigración que representa a los inmigrantes, señaló que «las ramificaciones de la orden de la Corte Suprema serán horribles». La decisión, dijo, expone a sus clientes a la «tortura y la muerte».

En un mordaz texto de 19 páginas, la jueza Sotomayor incidió en que la acción del tribunal expone a «miles al riesgo de tortura o muerte». «El Gobierno ha dejado claro en la palabra y la escritura que se siente sin las restricciones de la ley, libre de deportar a cualquiera a cualquier lugar, sin previo aviso o sin la oportunidad de ser escuchado», escribió en una nota conjunta con las magistradas Kagan y Brown.

La decisión supone una «gran victoria para la seguridad del pueblo estadounidense», señaló, en cambio, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en una publicación en las redes sociales. La orden de Murphy no prohibía en realidad las deportaciones a terceros países, sino que requería que los inmigrantes tuvieran la oportunidad de impugnar la decisión sobre la base del peligro de tortura de ser enviados a esos lugares.

Un caso similar fue el de los venezolanos acusados, falsamente en muchos casos, ​​de ser miembros de pandillas, a quienes se les envió a una conocida prisión de alta seguridad en El Salvador, con pocas posibilidades de desafiar las deportaciones en la corte. La Administración ha alcanzado también acuerdos para la acogida de inmigrantes con Panamá, Costa Rica, y otros territorios, mientras algunos países se han negado a aceptar las deportaciones estadounidenses.

Otra orden de Murphy, un juez nombrado por el anterior presidente, Joe Biden, obligó a la Administración a devolver a un hombre guatemalteco homosexual deportado a México, donde, señaló, haber sido violado y extorsionado. La víctima, identificada en documentos judiciales como O.C.G., fue la primera persona conocida en ser puesta de nuevo bajo la custodia de EE UU tras ser deportada al inicio del segundo mandato de Trump.

El Gobierno republicano ha endurecido su política migratoria eliminando el Parole Humanitario (para la acogida de personas en situaciones de extrema necesidad que no cumplen con los requisitos para una visa) y el Estatus de Protección Temporal (TPS). El presidente ha autorizado igualmente las deportaciones sin procesos legales prolongados con la finalidad de expulsar en tiempo récord a inmigrantes latinoamericanos, haitianos y de otros lugares de origen.

El pasado mes, la Corte Suprema permitió a Trump terminar el TPS de los ciudadanos venezolanos, que cubre a unos 350.000 inmigrantes. Y en un fallo separado en mayo, el alto tribunal dictaminó que el presidente podía detener temporalmente el programa humanitario que ha permitido la acogida de medio millón de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, para vivir en el país legalmente durante dos años. Los agentes del ICE han estado bajo intensa presión por parte de altos funcionarios de la Casa Blanca, incluido el asesor Stephen Miller, para aumentar las cuotas de detención diaria de 1.000 a 3.000.